Movimientos sociales y desobediencia civil

Montserrat Galcerán. Catedrática de Filosofia de la Universidad de Madrid

Abordar el tema de la violencia desde los movimientos sociales implica colocar nuestras preguntas en un determinado horizonte: el de la violencia como posible estrategia de los movimientos, el de la criminalización, el de la legitimidad y el de los efectos. En este marco voy a  plantear las cuestiones intentando sugerir algunas respuestas.

1.-La violencia como estrategia posible por parte de los movimientos sociales en su defensa de determinados objetivos.

Si observamos el tema desde una perspectiva histórica, es fácil darse cuenta de que los movimientos sociales, definidos como movimientos de grandes grupos de personas que ponen en juego una gran cantidad de recursos para obtener sus exigencias, tropiezan en algún momento de sus luchas con el uso de la violencia. En un movimiento tan clásico como el movimiento obrero, el uso de la violencia, en la forma de romper las máquinas, de quemar las instalaciones, de amedrentar a los empleadores o a los policías, de pegar a los esquiroles,… forma parte de toda su historia. Los clásicos acostumbran a distinguir en este punto entre la “violencia de masas” y la “violencia selectiva” o inclusive “terrorista”. En el primer caso, se trata de formas de violencia masiva que tienen lugar en el marco de acciones multitudinarias y que buscan no sólo amedrentar sino también expresar la fuerza, en ocasiones la rabia, del movimiento. Esta violencia es distinta de la otra, la “selectiva”, que se dirige claramente a alguien en particular o a un pequeño grupo y que está protagonizada normalmente también por un grupo pequeño. Su objetivo es radicalizar las posiciones de modo que sea ineludible enfrentarse a este dilema: vencer o morir. Supone una especie de huida hacia adelante que pretende abrir una salida en una situación bloqueada. Por ejemplo, en la entrevista a M. Moretti sobre las Brigadas Rojas publicada en castellano por Akal ( Madrid, 2002), el propio Moretti  señala que el salto a la lucha armada fue consecuencia de una valoración estratégica, en la que optaron por esta vía ante el temor de una recesión del movimiento y en un esfuerzo por adelantarse a una eventual ofensiva de las fuerzas represoras del Estado (italiano). Según su valoración, el amplio movimiento de masas que había seguido al 68 italiano estaba en peligro de entrar en una vía muerta, pues no conseguía conquistar nuevas zonas en el tejido social, ni imponerse con una hegemonía cultural y no digamos política. En esas condiciones, la lucha armada iba a suponer, pensaban ellos, un salto de cualidad en el conjunto del movimiento, puesto que ante la disyuntiva de la represión, la situación se radicalizaría y el enfrentamiento se plantearía a un nivel mucho más alto. Tal estrategia trataba de hacer crecer el movimiento, al elevar el nivel del enfrentamiento en un esfuerzo continuado por intensificar los conflictos. Lo que implica que los propios grupos armados se concebían como la avanzadilla, o la “vanguardia” por utilizar la expresión canónica, de un amplio movimiento que pretendían arrastrar tras ellos y del que, sin embargo, se distanciaron cada vez más como consecuencia del alto nivel de lucha exigido y del aumento de la represión. Ejemplos parecidos los podemos encontrar en otros movimientos sociales de la época, en algunas guerrillas latinoamericanas o en el movimiento de los Black Panthers. En todos ellos la estrategia de la violencia, el paso a la lucha armada, la compra de armas, el entrenamiento militar, la formación de pequeños grupos específicos para estos objetivos, la relación con grupos internacionales del mismo tipo, etc. supone un cambio en las estrategias de un movimiento de masas, cambio que algunos líderes tratan de imponer en un determinado momento de forma consciente. Por tanto, no puede decirse que el paso a la lucha armada sea una deriva “natural” en los movimientos, sino que en muchos casos, es el resultado de una valoración consciente de la situación y de las posibilidades en una coyuntura dada.

Por otra parte, la historia reciente nos está empezando a acostumbrar con el proceso opuesto, aquél en que movimientos armados deciden, en determinadas circunstancias, dejar las armas optando por formas pacíficas. También en este caso dicho paso es resultado de una valoración política que puede dar por cerrado un determinado ciclo de luchas, valorando que la prolongación en ese nuevo estadio de la lucha armada no sólo no aporta nada nuevo al proceso sino que lo bloquea. En estos casos, lo difícil es ponerle fin, ya que para ello se necesitan medidas de diálogo que permitan terminar con dignidad, sin abandonar a los presos que están en las cárceles y reconociendo la naturaleza política del conflicto de fondo en el que se inscribe la violencia armada. Esto es lo más difícil, pues no puede tratarse de un desarme unilateral sino que exige debate y negociación. Y no es muy común que el Estado esté de acuerdo en emprender ese camino, a no ser en condiciones excepcionales. Un ejemplo lo podemos encontrar en el alto el fuego en Irlanda del Norte, el cual se hace posible por el cansancio de Gran Bretaña y por su escaso interés en continuar la guerra, aunque choca con el obstáculo de los paramilitares de Irlanda del Norte. El proceso es enormemente complicado, pero no lo es más que el de seguir con las armas en situaciones en las que es imposible romper el statu quo, o en momentos en que el aumento de la represión es tan brutal que hace peligrar el conjunto del movimiento y pone en cuestión la propia supervivencia social. No lo es más que continuar una guerra que nadie puede ganar.

Con eso quiero señalar que, a mi modo de ver, es contraproducente acercarse al problema de la “violencia política” desde un discurso exclusivamente moral, pues se trata de un proceso político complejo que en determinados momentos puede exigir tomar en consideración la oportunidad de coger o de dejar las armas. Y sin embargo, la experiencia trágica de los movimientos armados de la segunda mitad del siglo XX, al menos en Europa y me atrevería a señalar que también en Latinoamérica, ha mostrado los límites de un enfrentamiento directo y armado con el poder del Estado, que en vez de potenciar los movimientos antagonistas los congela y los convierte en presa de la represión, produciendo como consecuencia una especie de modorra en la sociedad, que queda pillada entre dos frentes. En esta situación, si los dirigentes políticos se niegan a negociar, alargan el enfrentamiento durante más tiempo, a la vez que en ese plazo pugnan por transformar a nivel de opinión pública lo que era un movimiento de resistencia en un grupo de asesinos. Si lo logran salen fortalecidos del embite, no sólo porque consiguen que se perciba la represión como legítima –aunque también–, sino especialmente porque potencian su poder de dominación, lo que por sí mismo genera aceptación. Si aceptamos la definición de Gramsci según la cual el poder del Estado es dominación más consentimiento, se advierte que una de las consecuencias de ejercer el poder frente a un contrapoder definido con éxito como amenazante y criminal, consiste justamente en que permite reforzar el consentimiento de los dominados que ven en esta fuerza, aunque desagradable, una garantía para su seguridad. Aceptar esa conclusión implica preparar estrategias alternativas para la lucha antisistema en los actuales movimientos anticapitalistas y contra la globalización, una de las cuales es, a mi modo de ver, todo el complejo de la desobediencia civil.

2.- La criminalización

En las sociedades modernas, en las que, como señalara M.Weber, el Estado tiene el monopolio de la violencia, su uso por parte de agentes distintos de los estatales, acarrea automáticamente la criminalización. Las acciones violentas son delito y como tales están sujetas a todas las normas legales y penales de la legislación moderna. Eso significa que la opción por la violencia sitúa a los movimientos sociales que toman dicha opción, ya desde la primera acción, en la óptica represiva; y entonces todos los problemas derivados de la clandestinidad, la atención a los presos, la defensa judicial, etc. se convierten en la tarea cotidiana, uno de cuyos efectos es aislar al grupo más duramente represaliado frente a los anteriores compañeros y simpatizantes.

La gestión del problema por parte de los poderes estatales tiende a su vez a ampliar la política de criminalización y a incluir en ella a una serie de sujetos que poco o nada tienen que ver con las acciones violentas, más allá de compartir lejanamente algunos de los posicionamientos ideológicos o estar colocados en el mismo espacio social. Desde las autoridades se da por bueno que cualquiera que tenga alguna relación con el supuesto actor de una acción violenta, puede ser incriminado igualmente, como ha ocurrido u ocurre todavía en este país. Eso significa que la criminalización es una estrategia del poder, que intenta ampliar el espectro de los agentes tratándolos como posibles delincuentes aunque no hayan cometido ningún delito. Y generando una especie de círculo vicioso que acaba atrapando a un montón de gente.

La criminalización funciona también como arma política en sentido pleno, incluso puede ser una provocación que intenta suscitar una salida desesperada (por ejemplo, la promulgación de un Estado de excepción como resultado de una acción violenta puede perseguir reprimir todo el entramado oposicional, aunque, como decía antes, nada tenga que ver con los auténticos protagonistas del acto). En otros, la criminalización se convierte en pieza destacada de una política que pone fuera de la ley a fuerzas de la oposición y hace de esta estrategia la base de su acción política. Un ejemplo claro lo tenemos en la política del PP durante su última legislatura: la supresión de HB, luego de las listas de votantes… perseguía hacer de la “lucha antiterrorista” uno de los ejes centrales de su política general con todos los efectos ideológicos que de ahí se derivan. Por consiguiente, nos equivocaríamos si pensáramos que la ilegalización, el juicio y el castigo responden a una acción cometida, cuando más bien es al contrario: esos elementos son piezas de un dispositivo político que justifica una opción política previa –en este caso la del PP–, que rentabiliza en beneficio propio las acciones, reales o posibles, de sus oponentes.

En este punto hay que decir que, en el momento, los poderes políticos negarán con toda su fuerza tales acusaciones y asegurarán, poniendo a prueba su propio honor, la veracidad de sus afirmaciones. Lo que no obsta para que, posteriormente, acepten que su respuesta represiva no fue “respuesta” alguna, sino pieza de una estrategia pensada con antelación. Vienen al caso las últimas informaciones a propósito de la reciente guerra en Irak. Tod@s recordamos la fuerza con que se afirmó antes de la invasión que Irak poseía “armas de destrucción masiva”, y tod@s sabemos que dichas armas no existían y que las fuerzas coaligadas lo sabían. En conclusión, la agresión no era respuesta a un peligro, sino pieza de una estrategia elaborada con anterioridad a la que se legitimaba como respuesta, ya que el derecho internacional prohibe cualquier guerra de agresión. Del mismo modo, cualquier incremento en la represión interna debe legitimarse como respuesta a un peligro real o posible, aunque, de facto, forme parte de una estrategia previamente establecida.

3.- La legitimidad o ilegitimidad del uso de la violencia

Es éste uno de los problemas, y de los escollos clásicos cuando se discute de violencia: hasta qué punto es legítima, en qué casos lo es y con qué límites. La respuesta clásica distingue entre  “violencia necesaria” o como “derecho de resistencia” y “violencia de agresión”. Sobre el papel, la distinción es relativamente clara, aunque en la práctica es mucho más confusa, pues en una dinámica de violencia se confunde el agresor con el agredido. O dicho de otra forma, la dinámica de acción-reacción configura una espiral en la que difícilmente cabe un corte limpio.

Aún así, el “derecho de resistencia” es históricamente un derecho reconocido cuando menos desde el siglo XVI, e implica el derecho a usar la violencia contra un poder desmedido. Dado que el uso de la violencia ha sido históricamente un recurso del poder que incrementa de modo real y simbólico su capacidad para obligar a obedecer a los súbditos, éstos se ven en dificultades para poner trabas y limitaciones al poder que se ejerce sobre ellos. No olvidemos por otra parte que, como dice N. Chomsky, “ el control de su población interna es la tarea principal de cualquier estado dominado por sectores concretos de la sociedad del país y que, por lo tanto, actúa fundamentalmente a favor de sus intereses; es decir, es la tarea principal de cualquier “estado realmente existente”[1]. Como consecuencia y en aras de garantizar o de reforzar esa dominación, el poder de los gobernantes puede exceder cualquier extremo o sobrepasar el ámbito de actuación que les corresponde, convirtiéndose en un poder abusivo que desencadena la resistencia.

Es así que los movimientos sociales y políticos que recurren a la violencia siempre la presentan como una defensa frente a un exceso por parte del poder, como la única respuesta posible frente a la cerrazón de los poderes dominantes. El derecho de resistencia frente a las formas despóticas, abusivas o excesivas de poder forma parte del elenco de formas de lucha social y política y de los métodos de defensa de los movimientos, por lo que, aunque regularmente sea criminalizado, cuenta con una “legitimación” relativamente amplia. E incluso si se trata de una estrategia consciente, suele ir acompañada de un discurso de legitimación en clave de resistencia.

Es en este sentido en que las formas de no violencia activa del último siglo han replanteado drásticamente la cuestión, al hacer saltar algunas de las distinciones clásicas, entre ellas la de la relación entre medios y fines. Según esa distinción, no cuestionada durante siglos, medios violentos pueden quedar justificados por fines justos, de tal modo que si bien no borran el horror causado, quedan justificados por el fin conseguido. Y, sin embargo, ya W. Benjamín en su reflexión sobre la violencia deshizo este argumento mostrando que, aunque el fin sea legítimo o parezca moralmente justo, no por ello los medios lo serán ni más ni menos. Lo que ocurre es que, a posteriori la legitimidad o la grandeza del fin neutralizará la brutalidad de los medios, confiriéndoles algo de su aureola sagrada y borrando la sangre de los orígenes de un orden social dado. Por ello, contrapone a los medios violentos aquellos otros que denomina medios “limpios”, los que ponen en juego todos los recursos del lenguaje, el acuerdo y la comunicación[2].

El recurso a la violencia se presenta entonces como una ruptura de la comunicación lingüística, que es sustituida por otra forma de comunicación: el lenguaje de señales de la violencia, de los atentados, los comunicados, los secuestros, las penas impuestas, el trato en las cárceles… Todo un código de señales casi impenetrable para los profanos, que margina a los sectores sociales no directamente involucrados y les convierte en espectadores de procesos en los que están directamente envueltos pero que tienen dificultades para descifrar.

4.- Los efectos de la confrontación armada

El uso de la violencia causa siempre dolor y sufrimiento en las víctimas. Por mucho que nos repugne, hay que reconocer que esa capacidad forma parte desde siempre del ejercicio del poder, pero reviste formas diversas, explícitas en etapas que para generalizar llamaremos premodernas, tácitas y en ocasiones recónditas en las sociedades actuales. A su vez, el dolor y el sufrimiento tienen diversos significados. Por una parte, muestra el poder de quien lo ocasiona y por tanto genera un efecto de expresión de poder. Igual que los monarcas antiguos expresaban su poder en los ajusticiamientos, cuánto más ritualizados y bestiales mejor, el poder actual lo muestra en la rigurosidad de la ley, del castigo y de la pena. En cuanto a las organizaciones armadas, su poder de causar dolor es también una muestra de su poderío, con lo que ponen sobre la mesa su existencia y sus exigencias.

Por otra parte, especialmente en situaciones de violencia indiscriminada, se pretende generar una sensación de terror que fuerce la resolución del conflicto. La dinámica del terror habría que analizarla con un poco más de detalle, ya que se ha convertido en un arma central de los conflictos contemporáneos. La violencia indiscriminada contra la población, que específicamente podemos llamar “terror”, provoca sentimientos de indefensión y de exigencia de tutela, pero a la vez convierte a los ciudadanos en rehenes de sus estados o de sus poderes públicos. Ante la dureza de los conflictos políticos, l@s ciudadan@s tienen –tenemos– un muy escaso margen de influencia en la toma de decisiones, especialmente a nivel macro, pero nos transformamos en rehenes dado que se exige con nuestra cabeza algo que sólo otros pueden conceder y sobre cuya decisión no tenemos mayor influencia. Ese carácter perverso del terror me parece especialmente importante, pues coloca a l@s ciudadan@s en primera fila de un conflicto que les rebasa.

En esta dinámica, parece que se toma al pie de la letra el carácter democrático de una sociedad, sin tener en cuenta los mecanismos reales de delegación y de ejercicio del poder. En consecuencia, el terror atenta contra cualquier ciudadan@, haciéndole responsable por acciones políticas que no ha hecho y por decisiones que no ha tomado ni tiene competencias para tomar, menospreciando el hecho, a mi parecer capital, de que en las sociedades democráticas existentes, el derecho de voto no garantiza una capacidad de decisión real por parte de l@s ciudadan@s en relación a aquellos hechos de los que se les hace responsables. O dicho de otro modo, la capacidad real de l@s ciudadan@s para obligar a los poderes políticos a tomar determinadas decisiones, incluso en aspectos que implican la vida y la muerte -la guerra, por ejemplo-, es realmente limitada, de modo que las decisiones tomadas en estos aspectos revierten directamente en nosotr@s sin que podamos hacer gran cosa para impedirlo.

Tomar conciencia de esa situación resulta especialmente importante para que nos transformemos en agentes socio-políticos con capacidad de incidencia. O, dicho de otro modo, nada conseguiremos con seguir suplicando a las diferentes instancias que se pongan de acuerdo y que terminen con la violencia. La violencia es su forma de acción política, y no van a acabar fácilmente con ella. Por el contrario, es crucial que desde la sociedad civil surjan exigencias de acuerdo, de negociación y de resolución pacífica de los conflictos. Y también que se adopten estrategias como la “desobediencia civil”, el negarse a cumplir con requisitos exigidos desde un poder que pretende someternos todavía más jugando con el miedo y el terror al que estamos expuestos.

La “desobediencia civil” se enmarca así en una política de defensa del vivir amenazado por la violencia y el terror. Podemos recordar el lema de Foucault: “hoy lo que está en juego es la vida”[3]. No olvidemos que estamos en guerra y que a diferencia de las guerras antiguas, con frentes relativamente estabilizados, la guerra global actual tiene frentes móviles que amenazan a la población civil desde diversos puntos. Atentados como el que tuvo lugar en Madrid el 11 de marzo responden a esta lógica: móvil, impredecible, letal.

Ante esa incógnita, es posible que much@s conciudadan@s refuercen su confianza en las instituciones estatales como garantía de defensa, pero otr@s pensamos que en tal coyuntura es urgente desarrollar aquellas formas de resistencia que potencien nuestra fuerza unida y múltiple, a partir del crecimiento del tejido social. La desobediencia civil se sitúa en ese marco como una estrategia para socavar activamente toda forma de poder despótico y para afirmar espacios colectivos de autodeterminación, para crear mundos nuevos a partir de singularidades, ya sean grupos, individuos, colectivos, redes o nudos que refuercen la potencia y creatividad del vivir y que no piden permiso a los gobernantes para expresarse. No se trata de colocarse en una lógica de respuesta, se trata de abrir todos aquellos espacios que sean necesarios, sustrayéndolos a la lógica del poder y de la autoridad.

En este sentido, la “desobediencia civil” funciona como apertura de espacios de autodeterminación, como creación de espacios sociales propios; una política que, por sus efectos, está ligada a una política antagonista. Tomemos como ejemplo un caso de ocupación. La ocupación se lleva a cabo para tener un espacio autogestionado, un espacio en el que autoorganizarse, y crear una situación y unas relaciones nuevas, siendo en este proceso donde se suele chocar con el poder organizado del Estado que ve en ello un desafío a su autoridad. Podríamos, pues, decir que dicha actuación se inscribe en una política antagonista, pero no porque se plantee como un reto al poder del Estado, sino porque éste no suele tolerar ninguna acción que no se ejerza en los límites de la estructura de dominación establecida. Por ello, y con eso termino, aunque no se use la violencia, eso no significa que esos espacios estén al abrigo de la represión. Lo que sí pueden es ejemplificar un compromiso de no responder a la violencia con la violencia, deteniendo la siniestra espiral que está destruyendo el mundo.

 


[1] El nuevo orden mundial (y el viejo), Barcelona, Crítica, 1996, p. 9.

[2] “Para una crítica de la violencia”, en Iluminaciones IV, Madrid, Taurus, 1991.

[3] Diálogo sobre el poder, en Estética, ética y hermenéutica, Barcelona, Paidós, 1999.

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